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Desde el año 2002, mediante una reforma de la Constitución vigente, se retomó uno de los más importantes procesos de reforma del Estado peruano: la descentralización, con foco en su componente de regionalización. Según mandato del reformado artículo 188 de la Constitución, la descentralización –constituyendo una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país– es un proceso que debía realizarse por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.




Dentro del contexto de los fines de la descentralización, el objetivo de la gestión pública regional y local es promover el desarrollo integral con igualdad de oportunidades en todo el país; lo que se debe traducir en acercar a la población y mejorar la prestación de los servicios públicos a través de los gobiernos locales, en beneficio de los ciudadanos. Para tal efecto, es necesario que las autoridades, funcionarios y servidores de los gobiernos regionales y locales se encuentren debidamente capacitados sobre la organización del Estado, el rol de los gobiernos regionales y locales en ella, los principales instrumentos de gobierno y gestión a nivel subnacional, y los escenarios de futuro para el proceso de descentralización. El objetivo es situar de manera integradora los principales desafíos que debe enfrentar la gestión pública regional y municipal.